En la política y los medios existe un debate que no se toca.
Es un elefante en la sala que pocos dentro de la dinámica se atreven a señalar y que prefieren vivir
con él.
Hace un par de días, tuve la oportunidad de asistir a la
presentación del libro “La Comunicación Presidencial en México, 1988 – 2012”, escrito
por el Dr. Rubén Aguilar y la Dra. Yolanda Meyenberg, especialistas en
comunicación política con años de experiencia. En el libro detallan las formas
de difusión adoptadas por cuatro ex Presidentes de la República y sus equipos de
comunicación. Tuve el privilegio de leerlo. Lleno de anécdotas, muy útil para
quien se dedica a la materia.
Rubén Aguilar y Yolanda Meyenberg |
En el evento, llevado a cabo en el Senado de la República a
iniciativa del Senador Ernesto Ruffo Appel, quien pasó a la historia al convertirse
en el primer Gobernador de oposición en México (BC, 1989), se abordó el tema de
la publicidad oficial y de cómo el hecho de que algunos medios de comunicación
dependen enteramente de los convenios con las autoridades puede representar un
obstáculo para la democracia.
No es extraño que en el relevo de una administración (sobre
todo cuando además hay cambio de colores), medios de comunicación que en general
estuvieron entregados al saliente -con su correspondiente convenio- ante el
cambio de generales, dejen de percibir ingresos de esa fuente. Y al depender
prácticamente en la totalidad de ese convenio, los problemas llegan. Medios que
restringen su tiraje, diezman su plantilla laboral, limitan sus operaciones,
cambian su plataforma (por ejemplo de impreso a solo internet). En el peor de
los casos, los hay que llegan a cerrar totalmente.
Periodistas de Veracruz, en huelga de hambre para exigir el pago de sus convenios |
De acuerdo con Rubén Aguilar, en democracias más avanzadas, la
publicidad oficial no existe más allá de la compra de espacios para alguna
campaña estrictamente de beneficio para los ciudadanos, nunca para que la
propaganda de Gobierno sea un estilo de vida para los medios.
El debate se centró en la necesidad de regular la publicidad
oficial, pues las cantidades destinadas a ese rubro en todos los niveles de
Gobierno son impresionantes. Surgió la idea de restringirla totalmente, cosa
que veo casi imposible, porque ¿quién se atrevería?
De acuerdo a datos de Article 19 y Fundar, tan solo en 2012, las administraciones de los 32
estados de la República Mexicana destinaron 5 mil 376 millones 5 06 mil pesos a
publicidad. Y más impactante es saber que en solo siete años, de 2005 a 2012, el
monto se incrementó en un 85 por ciento.
A esa cantidad de un solo año, habrá que agregarle la del
Gobierno Federal y cientos de administraciones municipales que también tienen presupuestado
recursos para difusión. Además, la dependencia de los medios de la publicidad
oficial podría ser inhibidor de la libertad de expresión, elemento fundamental
en una democracia.
El tema es álgido, por lo que la participación de ustedes,
quienes leen esto, enriquecerá el debate. Debajo de estas líneas podrán
expresar su opinión al respecto.
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